CIUDAD JUÁREZ, CHIH. — Familiares de víctimas y miembros de la asociación civil “Héroes de México” se manifestaron este día al exterior de los Juzgados Federales para denunciar irregularidades procesales y exigir que se investigue a fondo la liberación del dueño de un crematorio local, implicado en el manejo indigno de cientos de cuerpos.
Señalamientos contra el Poder Judicial
José Luis Oliva Salgado, presidente de la asociación, encabezó la protesta señalando directamente al juez responsable de otorgar la libertad al propietario del establecimiento. Según Oliva, el juzgador podría formar parte de los denominados “jueces de la consigna” o carecer de los conocimientos jurídicos necesarios, lo que deriva en errores graves que permiten la impunidad.
”Estamos aquí para pedir justicia. No es posible que, ante una tragedia de esta magnitud, quienes deben aplicar la ley cometan errores que favorecen a los responsables”, expresó Oliva Salgado ante los medios.
El horror de los 300 cuerpos
La movilización surge tras el hallazgo de más de 300 cuerpos que, en lugar de ser cremados como se les prometió a las familias, fueron encontrados apilados en condiciones deplorables dentro del recinto. Este hecho ha causado una profunda herida en la comunidad juarense, afectando a cientos de familias que hoy desconocen el destino final de sus seres queridos.
Acciones a seguir:
- Denuncia en CDMX: Oliva Salgado anunció que viajará a la Ciudad de México para entregar un documento oficial ante las instancias federales competentes.
- Investigación de fondo: Se busca que el Consejo de la Judicatura Federal revise el actuar del juez y se reabra el proceso contra el dueño del crematorio.
- Acompañamiento a víctimas: El grupo de ciudadanos asegura que no descansará hasta que se garantice la reparación del daño y castigo a los culpables.
Un llamado a la transparencia
Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades federales para que no se dé carpetazo al caso y se vigile de cerca el desempeño de los jueces en la frontera, para evitar que actos de corrupción o negligencia sigan afectando a los ciudadanos más vulnerables.
